Esta especulación brutal y despiadada, que ha provocado que se construyan en nuestro país más viviendas que en Francia, Italia, Alemania y Gran Bretaña juntas, nace de la corrupción generalizada de los políticos locales, que en aras de una descentralización mal entendida, han cogido plenos poderes en temas de urbanismo. Como consecuencia de esto, el dinero obtenido por recalificaciones (convenientemente orientadas por los contructores locales) ha ido destinado a cubrir el endémico déficit del Ayuntamiento (déficit que podría ser mitigado, por ejemplo, racionalizando el gasto, por ejemplo), sin importar mucho ni la legislación europea o nacional vigente ni el impacto ambiental causado ni si alguien alguna vez ocupará esas viviendas.

A todo esto, los beneficiados son los empresarios que se han enriquecido en estos últimos años, mientras que gran parte de la población tendrá que asumir una hipoteca de por vida, a tipos de interés bastante elevados. Esto incidirá negativamente en su consumo, con lo que la demanda bajará y, consecuentemente, también la producción nacional... Es lo que tiene basar el crecimiento económico en el ladrillo, que antes o después este mercado se satura.
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